Por José Jóribe Castillo Javier
El Estado de derecho es un super principio
que se nutre ampliamente de la Filosofía, específicamente de la filosofía del
derecho. En este sentido, durante los siglos filósofos como Montesquieu, Locke,
Aristóteles, Weber, Hayek, Dicey, Amartya Sen, entre otros, han contribuido con
sus ideas a ir conformando un modo de organización del Estado que limite el
ejercicio del poder, pero que a la vez sirva a ciertos fines específicos. Estos
fines han pendulado a lo largo de los años entre el desarrollo económico, el
orden, la seguridad o los derechos humanos.
Actualmente, como ha señalado
Alvaro Santos director del Centro para el Avance del Estado de derecho en
América Latina y el Caribe (CAROLA) de Georgetown University, la mayoría
de las organizaciones multilaterales de desarrollo mantienen una perspectiva
centrada en las personas. Como toda obra humana no es monolítica, sino que se
adapta a los tiempos y a los medios que facilitan su implementación como hoy
día son las tecnologías de información y comunicación y la inteligencia
artificial. En este artículo se resumirán algunas ideas sobre la ampliación del
marco normativo para la regulación del uso de los medios digitales y la
inteligencia artificial para fortalecer el Estado de derecho.
El profesor Dr. Don Elías Díaz
García, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, nos compila
de una manera muy sabia los principios del Estado de derecho en el ámbito
continental europeo a través de cuatro pilares fundamentales: i) imperio de la
Ley, pero no de cualquier Ley sino una adoptada de conformidad con los
criterios formales o de procedimiento y materiales de validez; ii) separación
de poderes; iii) garantía de los derechos fundamentales y iv) control judicial
de la administración pública. Todas estas áreas se ven impactadas con el
advenimiento de nuevas herramientas que facilitan la implementación de los
postulados constitucionales y filosóficos del Estado de derecho.
En efecto, con el advenimiento de
nuevas tecnologías transformadoras de las dinámicas sociales, el Estado de
derecho no se permite quedar atrás. Aunque sus objetivos esenciales permanecen,
sus medios de implementación se van actualizando. En República Dominicana
estamos viendo cómo se va ampliando cada vez más un corpus iuris
informationes et cominicationis y cada vez más se trasciende la fronteras
de la transformación digital dando paso a la exploración del uso de la
inteligencia artificial en la Administración Pública, en el Poder Judicial, en
los servicios del Ministerio Público, y en el ámbito general del ecosistema
judicial para facilitar la automatización en la toma de decisiones, de los
procesos de investigación y otras actividades. Me detendré a continuación en
algunas piezas del marco regulatorio dominicano en estos temas, a saber:
1. Ley
de Uso de Medios Digitales del Poder Judicial: Aunque relativamente nueva,
implementada y posteriormente legalizada a solicitud del Tribunal
Constitucional, esta Ley permite y regula el uso de medios digitales para el
acceso a expedientes, celebración de audiencias, notificación de actos en el
ámbito de la justicia. Aunque la adopción de estos medios en la administración
de la justicia en nuestro país es reciente un nuevo capitulo se abre con la
oportunidad que ofrece la inteligencia artificial para facilitar la labor de
los sistemas de justicia. Esto requerirá una estrategia diferenciada y su
propio marco regulatorio, que al momento de la publicación de este artículo se
desconoce.
2. Agenda
Digital 2030: Aprobada por el gobierno dominicano mediante decreto 527-21 y
premiada en la Cumbre de la Sociedad de la Información por su proceso inclusivo
de participación, es una herramienta clave para la transformación digital del
conjunto de la sociedad incluyendo la economía, los servicios públicos, la
educación. Revisable de manera anual es una hoja de ruta clara para alcanzar un
país no solamente mejor conectado sino también más eficiente.
3. Marco
Nacional de Interoperabilidad: Con la emisión del Decreto 92-22
se busca el intercambio de información oportuna entre las instituciones
públicas. La provisión de servicios públicos no es ajena a las ventajas de la
era digital por tanto el marco regulatorio de los mismos debe avanzar en
consecuencia a estas nuevas realidades, permitiendo a la Administración Pública
interactuar y acceder a datos de los ciudadanos de manera colectiva, reduciendo
las labores de mensajería, de traslados para el deposito de documentos,
reduciendo tiempos para la emisión de documentación y facilitando los
requisitos que debemos aportar. No es tan fácil pues requiere batallar con una
cultura burocrática, una forma de ver las cosas. Una estructura jurídica y un
capital humano comprometido serán claves para el éxito de este proyecto.
4. Estrategia
Nacional de Competitividad: Este documento solicitado mediante decreto
640-20 incluye una serie de lineamientos en materia de innovación estableciendo
parámetros técnicos que permiten definir acciones y medir los niveles en que se
encuentra nuestro ecosistema de innovación. La mas reciente actualización se
visualizaba una puntuación de 35 / 100 siendo una de las áreas de mas
oportunidad para mejorar la competitividad del país.
5. Política
Nacional de Innovación 2030: Es un conjunto de acciones vivas en constante
evolución que se puede monitorear a través de la pagina web innovacionrd.gob.do
que cuenta con un marco de principios establecidos en el decreto 278-22 donde
se destacan desafíos en materia de cultura, educación, talento humano,
inversión y gobernanza. Integra distintas instituciones públicas a través de
mesas de seguimiento. Establece un portal de consulta ciudadana entre otras
herramientas. Sin dudas es un paso de avance definir y establecer
institucionalidad para la innovación en nuestro país. Algo a lo que el conjunto
de la sociedad debe avocarse.
6. Ley
de mejora regulatoria y simplificación de trámites: Esta Ley aunque ha
presentado desafíos en su implementación al menos muestra la voluntad de
avanzar hacia mecanismos mas innovadores en materia regulatoria. Es la Ley que
promete la implementación del programa burocracia cero. Establece mecanismos
muy novedosos y retadores para todo el funcionariado público, una apuesta
interesante pero que requiere de usuarios y prestadores con competencias avanzadas.
7. El
anuncio de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial: Se prometió
para agosto 2023 y mantenemos los ojos puestos en esto para colaborar en el
desarrollo de una estrategia inclusiva y adaptada a las necesidades con un
enfoque pro-innovación.
Estamos avanzando de manera
acelerada, tratando de ir a la par no solo de nuestra región sino con los
países con una institucionalidad más avanzada. Estos cambios no son una amenaza
para nadie, suponen una ventaja para la colectividad toda vez que facilitarán
la transparencia, eficacia, eficiencia de las estructuras del Estado de
derecho. Ciertamente la seguridad es una preocupación valida, pero lo es para
cualquier ámbito de nuestras vidas. Desde usar un tren, una moto, un auto o un
avión todos estos medios encierran riesgos y no por ello dejamos de usarlos. Lo
mismo con las herramientas del Estado de derecho 5.0. Apostar por la innovación
es garantizarnos un futuro de mas prosperidad para las generaciones presentes y
futuras. No puede coartarse sino estimularse como hemos venido haciendo.
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